La Unión Europea y Mercosur han firmado este sábado, 17 de enero de 2026, en Asunción (Paraguay) el acuerdo comercial y de asociación que ambas partes negociaban desde hace más de dos décadas. La ceremonia estuvo presidida por el presidente paraguayo, Santiago Peña, y contó, por parte europea, con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El acto dejó una ausencia destacada, ya que Lula da Silva no viajó a Paraguay y Brasil estuvo representado por su ministro de Exteriores, Mauro Vieira. Lula había defendido el acuerdo en las horas previas, pero finalmente no acudió a la firma.

En el bloque sudamericano participaron los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Uruguay, Yamandú Orsi, además del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, como invitado.

El tratado aspira a crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de consumidores. En el plano económico, la UE subraya que el acuerdo eliminaría más del 90% de los aranceles entre ambos bloques, si bien su aplicación depende de los trámites de ratificación.

El siguiente capítulo es el más delicado. En la UE, el acuerdo necesita el visto bueno del Parlamento Europeo y deberá superar un proceso político marcado por la oposición de algunos gobiernos y por la presión del sector agrario en varios países. En Bruselas, el debate se centra en el impacto sobre productos “sensibles” y en el nivel de garantías exigibles en materia de estándares y competencia.

Para responder a esas críticas, las instituciones europeas han reforzado el marco de salvaguardias para el sector agroalimentario. El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre un reglamento que permite suspender temporalmente preferencias arancelarias si un aumento de importaciones causa o amenaza con causar un perjuicio grave a productores europeos, con procedimientos más rápidos y seguimiento reforzado de productos sensibles.

El Gobierno español ha defendido el pacto en términos estratégicos y comerciales. El ministro de Agricultura, Luis Planas, lo calificó como “una oportunidad y una necesidad” y apuntó a oportunidades para exportaciones como aceite de oliva, vino y porcino, al tiempo que insistió en el uso de salvaguardias y en el respeto a las denominaciones de origen