El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este martes en Murcia que el próximo paquete de medidas del Gobierno frente al impacto económico de la crisis en Oriente Próximo no se base en rebajas fiscales generalizadas, sino en ayudas directas a los sectores más expuestos y a las familias con menos renta. En ese marco, defendió subvenciones “en origen” para agricultores y una nueva bonificación del transporte público como vías más eficaces para contener el golpe sobre los precios y la economía doméstica.

Álvarez sostuvo que una bajada general de impuestos beneficia sobre todo a quienes menos necesitan apoyo y dejó claro que cualquier ajuste fiscal debería diseñarse pensando en las rentas más bajas. Su planteamiento choca con algunas de las recetas que han vuelto al debate en los últimos días, como una rebaja amplia del IVA o fórmulas generales de alivio tributario, que el líder sindical considera poco precisas y socialmente menos útiles.

En el caso de la cesta de la compra, el dirigente de UGT fue especialmente contundente con la posibilidad de eliminar el IVA de los alimentos, una medida que calificó de “barbaridad”. Su argumento es que resulta muy difícil garantizar que esa rebaja acabe trasladándose de forma real al consumidor final. Frente a ello, apostó por intervenir antes, en el origen de la cadena, mediante ayudas directas a los agricultores para compensar el encarecimiento de carburantes y fertilizantes y evitar así que los costes terminen repercutiendo sobre los precios de venta.

También situó el transporte en el centro de la respuesta pública. Álvarez defendió un esquema de subvención y bonificación del transporte público para aliviar el gasto en combustible de las familias y, al mismo tiempo, fomentar hábitos de movilidad menos dependientes del coche privado. La propuesta enlaza con la idea de que la salida a una nueva crisis energética no debe limitarse a amortiguar el golpe inmediato, sino también a orientar cambios más estables en el consumo y en la movilidad.

Durante su comparecencia junto a la secretaria general de UGT Región de Murcia, Paqui Sánchez, el líder sindical insistió además en que sostener el Estado del bienestar exige ingresos públicos suficientes y cuestionó los discursos que presentan la bajada de impuestos como una solución universal. En su intervención, ligó esa defensa de la fiscalidad con la necesidad de preservar servicios públicos fuertes y de evitar respuestas simplistas en un contexto internacional especialmente inestable.

El paso por Murcia le sirvió también para abrir otros frentes de carácter regional. Álvarez cargó contra los movimientos de Sabic en Cartagena, que calificó de actuación de “mala fe”, y anunció gestiones ante instancias europeas para exigir explicaciones sobre el futuro de la planta. Al mismo tiempo, denunció la falta de actualización del convenio de la sanidad privada murciana desde 2010 y advirtió a la patronal del metal sobre la brecha salarial que, según UGT, siguen soportando las subcontratas de Navantia en Cartagena respecto a otras plazas industriales.