El juicio por la Operación Kitchen afronta esta semana una nueva fase de declaraciones relevantes en la Audiencia Nacional. La causa, que sienta en el banquillo a la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, incluido el exministro Jorge Fernández Díaz, investiga si entre 2013 y 2015 se puso en marcha un operativo parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar comprometedora para el partido.

La jornada de este lunes, 27 de abril, concentra buena parte de la atención. Están citados como testigos Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero; el senador del PP y exsecretario general del partido Javier Arenas; y la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Sus declaraciones llegan después de una semana marcada por los testimonios de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que negaron haber impulsado una operación política contra Bárcenas.

El procedimiento trata de aclarar si el Ministerio del Interior utilizó medios policiales y fondos reservados para obtener información del extesorero y de su entorno familiar en un momento especialmente delicado para el PP, cuando avanzaban las investigaciones sobre el caso Gürtel y la presunta contabilidad B del partido. Según la investigación, el operativo habría incluido seguimientos, captación de confidentes y obtención de material sin autorización judicial.

Uno de los nombres señalados en esta nueva tanda de testigos es Javier Arenas. Luis Bárcenas lo mencionó durante su declaración al sostener que tuvo en su poder una grabación de un encuentro con él en un restaurante de Sevilla, en el que, según su versión, se habló de ingresos extracontables del PP y de quién cobraba del partido. Bárcenas también aseguró que ese material estaba almacenado en un lápiz de memoria y en la nube, junto a otros supuestos audios que, según su relato, habrían sido objetivo de la operación.

También declarará Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de Rajoy entre 2011 y 2018. Su comparecencia llega en un contexto en el que el excomisario José Manuel Villarejo ha apuntado en distintas ocasiones hacia el papel del CNI, organismo que dependía entonces del Ministerio de la Presidencia. Sáenz de Santamaría ya negó en el Congreso la existencia de una “policía patriótica” durante la comisión que investiga la llamada Operación Cataluña.

Guillermo Bárcenas comparece en el procedimiento como perjudicado, al igual que sus padres, Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias, que ya han declarado ante el tribunal. La familia sostiene que también él fue víctima de seguimientos policiales sin autorización judicial durante el verano de 2013, cuando el extesorero se encontraba en prisión provisional tras descubrirse la fortuna que ocultaba en Suiza.

El juicio también volverá a centrarse esta semana en la dimensión policial de la causa. Para el miércoles está prevista la declaración de Manuel Morocho, inspector de la UDEF que participó en la investigación del caso Gürtel. Durante la instrucción, Morocho denunció presiones internas y aseguró que había adoptado medidas de seguridad para proteger determinadas diligencias vinculadas a la investigación del PP.

Su testimonio es relevante porque puede ayudar a reconstruir el clima interno en la Policía durante los años en los que se investigaban Gürtel y la caja B. Morocho ya declaró en fase de instrucción que se le habría conminado a no incluir nombres de responsables políticos en determinados informes, algo que sus superiores negaron. También señaló al exjefe de la UDEF José Luis Olivera, acusado en este juicio, por un supuesto intento de apartarle de la investigación.

Otro de los ejes de la semana será el uso de fondos reservados. La causa examina si se utilizaron recursos públicos para pagar 2.000 euros mensuales a Sergio Ríos, exchófer de la familia Bárcenas, a quien la trama habría captado como confidente. El general de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos está citado para declarar sobre esta cuestión, después de que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez señalara que era responsable de la contabilidad de esos fondos.

Pérez de los Cobos negó en instrucción conocer pagos con fondos reservados vinculados a Kitchen, al no disponer de información sobre confidentes. Su declaración permitirá al tribunal volver sobre uno de los puntos centrales de la acusación: si la operación fue una actuación policial ordinaria o si, como sostienen las acusaciones, se utilizó dinero público para un operativo destinado a proteger intereses políticos del PP.

En el banquillo se sientan diez acusados, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz, su exnúmero dos Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, el exjefe de la UDEF José Luis Olivera y el propio Sergio Ríos. La Fiscalía Anticorrupción reclama penas que llegan hasta los 15 años de prisión para algunos de los principales responsables de Interior, 19 años para Villarejo y más de 12 años para el exchófer.

El tribunal ya rechazó al inicio del juicio las cuestiones previas planteadas por las defensas y por la acusación del PSOE, que había solicitado suspender la vista para reabrir la instrucción respecto a María Dolores de Cospedal y citar al PP como partícipe a título lucrativo. La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, descartó retrasar más el procedimiento al recordar que los hechos se remontan a 2013 y que la investigación se abrió en 2018.

La cuarta semana del juicio llega, por tanto, con una doble línea de interés: la política y la policial. Por un lado, las declaraciones de antiguos cargos del PP pueden ayudar a perfilar qué sabía la dirección del partido sobre las actuaciones en torno a Bárcenas. Por otro, los testimonios de agentes e investigadores permitirán profundizar en cómo se desarrolló el operativo, qué medios se emplearon y quién autorizó los pagos y seguimientos.