La Plataforma Stop Biogás Mula y Comarca ha celebrado la decisión del Ayuntamiento de Mula de paralizar la concesión de interés público a macroproyectos de biogás en el término municipal mientras no exista una regulación específica que ordene este tipo de instalaciones. El Pleno municipal aprobó por unanimidad una moción que suspende este tipo de autorizaciones hasta que las administraciones competentes establezcan un marco claro sobre su implantación, control ambiental y compatibilidad urbanística.

El acuerdo supone un respaldo institucional a las reivindicaciones de la plataforma vecinal, que desde hace meses viene alertando del impacto que podrían tener las plantas de biometano proyectadas en el municipio. Desde Stop Biogás Mula y Comarca consideran que la decisión del Pleno marca un punto de inflexión en un debate que ha generado preocupación entre vecinos, colectivos sociales y organizaciones ambientales.

La portavoz de la plataforma, la médica Zorionak Meneses, ha destacado la importancia de una moción que llega en pleno proceso de alegaciones frente a los proyectos previstos. Según ha denunciado el colectivo, en el paraje de La Cañada se plantean instalaciones de gran capacidad en una zona especialmente sensible por su proximidad al entorno del río Mula y a espacios de valor ambiental.

Uno de los proyectos consultados por el Ayuntamiento se ubica en el paraje de La Cañada, en el polígono 205, parcelas 1, 2, 17 y 18, y plantea una planta de digestión anaerobia para producir biogás y biometano a partir de 131.500 toneladas anuales de residuos. La memoria del proyecto prevé además la producción de biometano para su inyección en el gasoducto, así como fertilizantes sólidos y agua regenerada.

Por su parte, Ecologistas en Acción denunció en diciembre otro proyecto de macroplanta con una capacidad de tratamiento de 165.000 toneladas de residuos al año, también en el entorno del Niño de Mula, y advirtió de la cercanía de ambos proyectos a la ZEPA Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán.

La Junta Vecinal de El Niño de Mula también ha presentado alegaciones contra una planta de biogás en la zona conocida como La Cañada, situada a unos cuatro kilómetros de la pedanía. Entre sus argumentos figuran posibles afecciones a la salud pública, al paisaje, al entorno ambiental, a la seguridad jurídica y al transporte asociado a este tipo de instalaciones.

El Ayuntamiento de Mula ha señalado en anteriores pronunciamientos la falta de una normativa específica en la Región de Murcia para ordenar el crecimiento de este tipo de proyectos. El Consistorio ha alertado de una expansión “desproporcionada” y carente de planificación territorial suficiente, en un contexto en el que distintos municipios de la Región han visto aumentar las solicitudes para implantar plantas de biogás o biometano.

La moción aprobada por el Pleno no solo paraliza la concesión del interés público para estos macroproyectos, sino que también insta al Gobierno regional a reformar de forma urgente la Ley 13/2015 de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia. El objetivo es racionalizar la implantación de estas infraestructuras, fijar criterios claros y evitar que cada municipio tenga que afrontar el problema con herramientas limitadas.

Desde Stop Biogás Mula y Comarca insisten en que el biogás no puede implantarse sin una evaluación rigurosa de sus impactos, especialmente cuando se trata de macroplantas con gran volumen de residuos, tránsito de camiones, consumo de recursos y posibles afecciones por olores, ruido, riesgos ambientales o impacto paisajístico. El Ayuntamiento también ha señalado entre los riesgos asociados la contaminación de suelos, los malos olores, el consumo de agua y energía, el ruido y posibles riesgos de incendio o explosión.

La plataforma recuerda, además, que continúa abierto el periodo de alegaciones y anima a la ciudadanía a participar en el proceso administrativo para expresar su rechazo a los proyectos actualmente en tramitación. A su juicio, el acuerdo municipal es un avance importante, pero no implica que el conflicto esté cerrado: la clave estará ahora en que la Comunidad Autónoma atienda la petición de regulación y en que los expedientes pendientes incorporen todas las garantías ambientales, urbanísticas y sociales.