La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que presuntamente se dedicaba a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La organización cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente y habría tramitado de manera irregular más de un centenar de solicitudes.

La operación, denominada ‘Lutasanol’, ha permitido detener al principal captador de la trama e investigar a otras tres personas: dos administradores de una empresa utilizada para canalizar la actividad fraudulenta y un gestor laboral que, según los investigadores, colaboraba en la elaboración y tramitación de la documentación.

Aunque la red tenía su principal ámbito de actuación en la provincia de Almería, también captaba a ciudadanos extranjeros en Murcia y en distintos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.

El sistema utilizado consistía en ofrecer contratos laborales ficticios a personas extranjeras que buscaban obtener o renovar sus permisos de residencia y trabajo en España. Para dar apariencia de legalidad a los expedientes, la organización simulaba relaciones laborales inexistentes y presentaba documentación ante la Administración como si se tratara de contrataciones reales.

Según la Guardia Civil, los agentes han podido constatar altas de trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara esas contrataciones. Estas prácticas habrían generado un fraude superior a los 100.000 euros y podían facilitar, además, el acceso indebido a prestaciones y subsidios públicos.

Documentación falsa y dinero en efectivo

Durante la investigación se llevó a cabo un registro en el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones de la trama. Allí los agentes intervinieron abundante documentación, copias de documentos de identidad, nóminas presuntamente fraudulentas, anotaciones manuscritas vinculadas a la actividad investigada y dinero en efectivo que procedería de los pagos realizados por las víctimas.

La Guardia Civil sostiene que la organización tenía una estructura con funciones repartidas entre captadores, responsables de la gestión documental y asesores especializados encargados de dar apariencia de legalidad a todo el procedimiento.

Los investigadores consideran que la red se aprovechaba de la necesidad de personas extranjeras que trataban de regularizar su situación administrativa en España, obteniendo importantes beneficios económicos a cambio de expedientes construidos sobre relaciones laborales inexistentes.

Investigados en Tenerife, Madrid y Almería

Además del principal captador detenido, la operación se ha dirigido contra los administradores de la mercantil utilizada por la organización, localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, y contra un gestor laboral y contable con despacho profesional en Almería.

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y por el Puesto Principal de la Guardia Civil de El Ejido. Las diligencias están dirigidas por el Tribunal de Instancia, Sección Civil e Instrucción Plaza número 5 de El Ejido.

La operación pone de relieve la existencia de redes que explotan la vulnerabilidad administrativa de personas migrantes mediante la promesa de una regularización rápida a cambio de cantidades muy elevadas de dinero. Una vía fraudulenta que no solo perjudica a la Administración, sino que deja en una situación de mayor indefensión a quienes recurren a ella empujados por la necesidad.